Intérpretes critican el desplome del coste del servicio en los juzgados

Nueve organismos, entre los que se encuentran la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ) o la Confederación de Centros Universitarios de Traducción e Interpretación (CCDUTI), han mostrado en un comunicado conjunto su «preocupación» por esta adjudicación y aseguran que «con este modelo de contratación se aparta a muchos profesionales con formación y trayectoria reconocida en este ámbito de trabajar en la Administración de Justicia andaluza».

Según comentan estos profesionales, y según la documentación generada en el curso de la licitación, la empresa que se ha adjudicado ahora el servicio va a pagar 9,98 euros la hora de interpretación, una cifra que los colectivos no consideran adecuada teniendo en cuenta que para ejercer como intérprete judicial es necesario contar con una sólida formación en traducción, interpretación, idiomas, derecho comparado y medicina forense, para garantizar que la traducción de las palabras tanto de los acusados como de los abogados es real y fidedigna a lo que quieren expresar.

«Con ese precio los intérpretes más cualificados van a decir que no trabajan y eso va a acabar derivando en una mala calidad del servicio. Sabemos que estamos en crisis pero la interpretación es una garantía procesal», indica Emilio Ortega, director del departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga y miembro de la comisión nacional de la CCDUTI para la transposición de la directiva 64/2010 al ordenamiento jurídico español. Ortega señala que en los últimos 12 años el servicio ha sido ofrecido por una empresa de Granada que pagaba 24 euros por hora, una tarifa que considera «digna».

Por otra parte, los profesionales lamentan que se siga empleando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactada en el siglo XIX, para acreditar la capacidad de los traductores. En este texto se afirma que cualquiera con conocimiento de idiomas puede actuar de intérprete, un elemento que el sector considera «anacrónico e ineficiente» teniendo en cuenta que hay facultades especializadas desde hace 20 años, una de ellas en Málaga. Una directiva europea obliga a elaborar un registro para filtrar las acreditaciones. Se tenía que haber implantado en España en octubre de 2013 pero aún no se ha hecho.