Asociaciones profesionales rechazan el Proyecto de Ley Orgánica para transponer la Directiva sobre la traducción y la interpretación en los procesos penales

Asociaciones profesionales rechazan el Proyecto de Ley Orgánica para transponer la Directiva sobre la traducción y la interpretación en los procesos penales

En la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso celebrada el 18 de noviembre, el PP rechazó sin debate alguno todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición al Proyecto de Ley Orgánica para la transposición de la Directiva 2010/64/UE sobre el derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales.
Diversas asociaciones, como las integrantes de la Red Vértice, y la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación de España (CCDUTI), han denunciado desprecio del Gobierno por los derechos fundamentales
de los ciudadanos que esta Directiva defiende.
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Según estas asociaciones, por primera vez en la historia de nuestro país, si se adoptara este Proyecto de Ley Orgánica tal cual está redactado, se crearía un registro de intérpretes y traductores sin prueba de acceso alguna, es decir, sin garantía de calidad profesional, dejando en manos de las empresas intermediarias adjudicatarias del servicio el cumplimiento de los requisitos fijados. De esta forma el Ministerio de Justicia se niega a asumir la responsabilidad que le corresponde de velar por los derechos
de los justiciables. Ya que la Administración no dispone de recursos humanos ni materiales ni de procedimientos eficaces para la comprobación del cumplimiento de dichos requisitos, resulta indispensable una prueba objetiva de acceso a modo de garantía previa de calidad profesional, y no un sistema de sanciones a posteriori, cuando ya han sido lesionados los derechos que la Directiva persigue salvaguardar.
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El Proyecto de Ley Orgánica insta al Gobierno a presentar una Ley del Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales en el plazo de un año. Si se tiene en cuenta que este plazo acabará cuando la legislatura actual haya finalizado, las asociaciones citadas piensan que este proyecto de ley no tiene cabida tal como está redactado. Consideran que si el Ministerio de Justicia pretende promulgar la Ley del nuevo Registro unos meses antes de que acabe la legislatura en contra de todo el sector profesional y académico de la traducción y la interpretación del país, y de todos los grupos parlamentarios de la oposición, es decir, si decide no consensuarla con nadie a tan solo unos meses de las elecciones, carecería de toda legitimidad moral. Por ello, piden al Gobierno la retirada inmediata del Proyecto de Ley Orgánica.  Por último, indican que tanto el sector profesional como el académico llevan años intentando asesorar al Ministerio de Justicia para una correcta transposición de la Directiva, y este ha hecho oídos sordos a su principal reivindicación: la prueba de acceso, sin la cual el espíritu y la letra de la Directiva quedan desvirtuados por completo.

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